México 2026: entre la FIFA y las Afores, el límite de la Cuarta Transformación

 A unos días de que México inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026, el país se encuentra atravesado por una paradoja que condensa buena parte de las contradicciones acumuladas durante las últimas décadas. Mientras el gobierno federal presenta el torneo como una demostración de estabilidad, capacidad organizativa, modernización urbana e inserción internacional, decenas de miles de maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen una de las movilizaciones más importantes de los últimos años. Lo que está en juego no es solamente una negociación laboral. Tampoco se trata de una simple disputa entre un gobierno progresista y un sindicato radical. El conflicto expresa una contradicción más profunda: la creciente dificultad para sostener la reproducción social dentro de una economía que continúa organizada por los mecanismos fundamentales de la reestructuración neoliberal.

Las demandas de la CNTE son conocidas y concretas. El movimiento exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; la eliminación del sistema de cuentas individuales administradas por las Afores; el retorno a un régimen solidario de pensiones; la jubilación por años de servicio (28 años para mujeres y 30 para hombres); la derogación de los mecanismos heredados de la reforma educativa; la desaparición de la USICAMM; la reinstalación de trabajadores cesados; la democratización sindical y un incremento salarial del 100 por ciento. Estas exigencias han sido reiteradas en marchas, plantones y negociaciones durante las últimas semanas, mientras la Coordinadora advertía que, sin respuestas satisfactorias, las protestas podrían extenderse durante el Mundial. Diversos reportes de La Jornada, El Economista y otros medios han documentado esta escalada del conflicto y la negativa del gobierno a aceptar los puntos centrales relacionados con las pensiones y las Afores.

El núcleo del problema se encuentra precisamente ahí. La Ley del ISSSTE de 2007 no fue simplemente una reforma administrativa. Constituyó una transformación histórica en la forma de organizar la reproducción de la fuerza de trabajo estatal. La jubilación dejó de concebirse como una obligación colectiva garantizada por el Estado y pasó a depender crecientemente de cuentas individuales sujetas a los movimientos de los mercados financieros. La vejez dejó de aparecer como un derecho social para convertirse en una variable económica. El trabajador se transformó progresivamente en gestor individual de su propio riesgo futuro. Lo que para los organismos financieros internacionales representó modernización, para millones de trabajadores significó incertidumbre.

La importancia del conflicto actual reside en que la CNTE ha logrado colocar esta cuestión en el centro de la discusión nacional. Durante años, el debate político mexicano giró alrededor de la corrupción, la democracia, la seguridad pública o la alternancia electoral. Hoy, sin embargo, reaparece una cuestión mucho más elemental: quién paga los costos de la reproducción social. Detrás de la discusión sobre las Afores emerge una pregunta incómoda para todo el sistema político mexicano. ¿Quién sostendrá las jubilaciones futuras? ¿Quién financiará la salud, la educación y las pensiones en una economía sometida a bajos niveles de crecimiento, creciente endeudamiento y restricciones fiscales permanentes?

La respuesta gubernamental ha sido reveladora. Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente la legitimidad histórica de diversas demandas del magisterio, pero al mismo tiempo ha insistido en que la derogación completa del esquema pensionario heredado del ISSSTE tendría costos fiscales difíciles de asumir. El argumento es significativo porque reproduce exactamente el lenguaje que durante décadas utilizaron los defensores de las reformas neoliberales. El problema ya no aparece como una cuestión de voluntad política sino como una cuestión de viabilidad económica. En otras palabras, la Cuarta Transformación se encuentra defendiendo parcialmente los mismos límites estructurales que prometió superar.

Aquí aparece una de las contradicciones fundamentales del proyecto inaugurado en 2018. Durante años, el obradorismo construyó su legitimidad sobre la crítica al neoliberalismo. El neoliberalismo era presentado como una desviación histórica impulsada por élites corruptas y gobiernos subordinados a intereses privados. Sin embargo, cuando la CNTE exige desmontar una de las reformas más importantes de ese periodo, el gobierno responde invocando restricciones presupuestarias, sostenibilidad financiera y estabilidad económica. La contradicción ya no puede explicarse únicamente mediante categorías morales. No se trata simplemente de que existan gobernantes buenos o malos. Lo que emerge es un límite estructural.

La experiencia mexicana no constituye una excepción. Durante los últimos años, las luchas más importantes en numerosos países han girado precisamente alrededor de la reproducción social. Francia vivió movilizaciones masivas contra la reforma de pensiones impulsada por Emmanuel Macron. En Chile, el sistema privado de AFP se convirtió en uno de los símbolos más visibles del descontento social que desembocó en la revuelta de 2019. En Reino Unido y Alemania los conflictos relacionados con la jubilación y el financiamiento de los sistemas de seguridad social ocupan un lugar creciente dentro de la agenda política. En todas partes reaparece la misma pregunta: cómo sostener mecanismos colectivos de reproducción social dentro de economías crecientemente financiarizadas.

Lo que está ocurriendo en México forma parte de esa misma tendencia global. La crisis de las pensiones ya no puede entenderse como un problema exclusivamente nacional. Expresa una transformación mucho más amplia del capitalismo contemporáneo. Durante décadas, la expansión económica permitió financiar sistemas relativamente generosos de salud, educación y jubilación. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento, la financiarización y la creciente presión sobre las finanzas públicas han convertido esos compromisos históricos en una fuente permanente de conflicto. Las luchas ya no se desarrollan exclusivamente alrededor de la fábrica o del salario directo. Surgen cada vez más alrededor de la vivienda, la salud, la educación, las pensiones, el transporte y las condiciones de vida.

Por eso resulta insuficiente interpretar el conflicto de la CNTE como una simple negociación corporativa. Lo que el movimiento está cuestionando es una forma específica de organizar la reproducción social. Sin embargo, también es necesario reconocer sus límites. La Coordinadora no plantea la abolición de las relaciones sociales existentes. Exige una mejor reproducción de la condición salarial. No cuestiona el Estado como forma política. Exige que el Estado garantice de manera efectiva los derechos que históricamente prometió. No cuestiona el trabajo asalariado. Exige condiciones más favorables para quienes dependen de él. Su fuerza reside precisamente en que toca el nervio central de la reproducción social. Su límite reside en que lo hace dentro del horizonte del Estado social.

La proximidad del Mundial vuelve visible esta contradicción. Durante meses, los gobiernos federal y locales han impulsado inversiones en movilidad, infraestructura, seguridad y promoción internacional asociadas al torneo. El Mundial aparece como la celebración de una nación moderna, integrada y exitosa. La FIFA, las cadenas de televisión, los patrocinadores globales y los gobiernos locales participan en una gigantesca operación destinada a proyectar una imagen de estabilidad y progreso. Sin embargo, precisamente en el momento en que se intenta consolidar esa imagen, emerge una disputa centrada en la jubilación, el salario y la reproducción de la fuerza de trabajo.

La pregunta que surge inevitablemente en las calles es sencilla: si existen recursos para aeropuertos, estadios, operativos de seguridad y megaproyectos asociados al Mundial, ¿por qué no existen para desmontar el sistema de Afores? Aunque la formulación puede parecer simplista, expresa una percepción social ampliamente extendida. Para amplios sectores populares, el contraste entre los recursos destinados a la proyección internacional del país y las dificultades para garantizar derechos sociales resulta cada vez más evidente.

Las recientes jornadas de protesta han intensificado esta percepción. Los enfrentamientos entre docentes y fuerzas policiales en la Ciudad de México, los bloqueos de avenidas estratégicas y las imágenes de maestros lesionados circularon ampliamente en medios nacionales e internacionales. La presencia de policías reprimiendo manifestaciones magisteriales mientras se ultiman los preparativos del Mundial posee una enorme carga simbólica. La escena habría resultado familiar bajo administraciones anteriores. Que ocurra bajo un gobierno que se reivindica heredero de las luchas populares revela hasta qué punto la contradicción atraviesa al propio proyecto de transformación.

La derecha mexicana ha comprendido rápidamente el potencial político de esta situación. Su estrategia consiste en desplazar el debate desde la reproducción social hacia el orden público. Las demandas pensionarias desaparecen y son reemplazadas por la discusión sobre bloqueos, afectaciones viales, pérdidas económicas y daño a la imagen internacional del país. El maestro deja de aparecer como trabajador y reaparece como perturbador de la normalidad. La huelga deja de interpretarse como conflicto social y se presenta como sabotaje. El problema ya no son las pensiones sino la gobernabilidad.

Este desplazamiento es extremadamente peligroso. Permite convertir una crisis de reproducción social en una crisis de orden público. Permite sustituir el debate sobre salarios, jubilaciones y condiciones de vida por un debate sobre seguridad, autoridad y control. En numerosas sociedades contemporáneas este mecanismo ha abierto el camino a soluciones cada vez más autoritarias. Allí donde la reproducción social se vuelve conflictiva, la tentación consiste en responder mediante dispositivos de control antes que mediante transformaciones estructurales.

Por eso el conflicto actual posee una importancia que excede ampliamente al sector educativo. Lo que está en juego no es solamente el futuro de la Ley del ISSSTE ni la relación entre la CNTE y el gobierno federal. Lo que aparece es una contradicción mucho más profunda entre las exigencias de la acumulación económica y las necesidades de la reproducción social. Mientras el Estado intenta atraer inversiones, mantener la estabilidad financiera y proyectar una imagen de éxito internacional, amplios sectores de trabajadores exigen recursos para sostener salarios, pensiones y condiciones de vida cada vez más precarias.

Entre la FIFA y las Afores aparece así el verdadero límite de la Cuarta Transformación. No un límite electoral ni discursivo. Un límite histórico. El punto donde las promesas de bienestar, justicia social y humanismo mexicano chocan con las estructuras económicas heredadas de décadas de reestructuración neoliberal. La CNTE no ha creado esa contradicción. Simplemente la ha vuelto visible. Y quizá esa sea la razón por la que, a pocos días de que ruede el balón, la discusión más importante en México no gira alrededor del fútbol, sino alrededor de la reproducción misma de la vida social.